El Derecho de Acceso a la Información Pública
Desde 2019 y gracias a la Unión Europea, los ciudadanos españoles gozamos de un nuevo Derecho Fundamental, el Acceso a la Información Pública sin límites, siendo el último país de Europa en reconocerlo y casi del mundo. Los ciudadanos de Pakistán, Kazajistán o incluso Afganistán, han disfrutado de una ley de acceso a la información pública mucho antes que nosotros. Hablamos de la Directiva 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Excepcionalmente, la ley española no reconocía como un derecho fundamental el acceso a la información pública.
Lo cierto es que en la práctica, una de cada tres peticiones de transparencia no se acepta por motivos formales y otra tercera parte por explicita voluntad de la administración, que sabe que, aunque sea condenada a contestar, pasarán años y el peticionario agotará sus recursos y probablemente también su paciencia, y a nadie le pasará nada. Ahora, la norma ha cambiado, y el procedimiento deberá pasar por los canales de denuncia de la Directiva 2019/1937 (whistleblowers), estableciendo responsabilidades de políticos y funcionarios.
El derecho de acceso a los documentos públicos se ha configurado como un derecho fundamental autónomo, independiente de la libertad de expresión y del derecho general a recibir información, asociado a la ciudadanía comunitaria, que resulta esencial para considerar a la Unión Europea como un “Estado” democrático según lo dispuesto por el artículo 6 del TUE.
La designación como derecho fundamental del acceso a la información, con la misma categorización jurídica que el derecho a vida o a la intimidad, debe presidir ya cualquier relación entre el estado y el ciudadano. Y se ha establecido este derecho como absoluto con unas pocas limitaciones: la protección de datos cuando no pueda anonimizarse, la propiedad intelectual y la seguridad nacional. La Directiva implica un cambio de rol entre el administrado y la administración. Ahora, la administración debe ser siempre transparente, y el administrado tiene el derecho a no serlo.
La transparencia es un requisito indispensable para ser democracia y combatir la corrupción. Con esta ley España habrá dado un paso muy importante para convertirse en un estado moderno, pero no es suficiente. La transparencia solo es una herramienta, y sin la voluntad de la ciudadanía y de sus representantes, este avance no sirve de mucho.
A partir de ahora cualquier ciudadano español podrá participar y competir con las grandes empresas poseedoras de la información. La corrupción será más difícil de esconder, pero si la ciudadanía sigue aceptándola, será partícipe de ella y la directiva europea solo servirá como registro de la vergüenza.
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