Sobre la Renta Básica Universal

Sobre la Renta Básica Universal se ha hablado hasta la saciedad y nosotros también queremos aportar nuestro grano de arena en este tema. Pero antes de nada es importante explicar lo que es en realidad.
La Renta Básica Universal, a partir de ahora RBU, es una aportación monetaria incondicional, periódica e igual para todos los habitantes de un Estado, sin distinción de ningún tipo. Es decir, que para recibirla solo es necesario vivir en el Estado que la proporciona, sin necesidad de solicitarla.

Si bien la RBU es aceptada por algunas sociedades como herramienta para aumentar la renta de todos sus ciudadanos, solo ha sido puesta en práctica de manera parcial y/o temporal en pequeñas sociedades que gozaban de un elevado superávit presupuestario. Es decir, que en principio no la necesitaban para subsistir.
En un principio la RBU está diseñada para favorecer la igualdad, y aunque esta sea su intención y podría servir para acercarse a ella, carece del refinamiento necesario para que sea así de manera justa.
Según sus promotores, la RBU está destinada para cubrir a la totalidad de la población con un ingreso que le permita la supervivencia básica. Sin embargo, de ser eso cierto la RBU solo debería ir dirigida a las personas vulnerables y con recursos insuficientes, y no es así. En realidad y como más adelante explicaremos, la RBU tal como está diseñada podría agravar las diferencias sociales, principalmente entre los más vulnerables.

La mayoría de sus detractores aseguran que provocaría un aumento de la inflación, cosa que posiblemente sea cierta, pero no en los bienes de consumo básicos sino quizá en los inmobiliarios. Hay quien dice que su implantación desviaría recursos para facilitar el consumo, que podrían servir para mejorar la educación y la sanidad. También afirman que provocaría el abandono de muchos trabajos por estar mal pagados, una idea que se desmorona por si misma, al aceptar el mimo hecho de estar mal pagados. Otra crítica es que se reduciría el mercado laboral, sin embargo, sorprendentemente en los pocos lugares donde se ha experimentado ha sucedido lo contrario o ha quedado igual. Una de las críticas más recurrentes por parte de la gran empresa, es que el trabajador ganaría poder de negociación. Y por último algunos alertan sobre el efecto llamada de inmigrantes que provocaría, mientras otros aseguran que este tipo de trabajo obligaría a buscarlos fuera del territorio y sin legalización.

Como podemos observar, excepto la primera, que se sostendría solo en el caso de un aumento de la deuda o de la masa monetaria, por mucho que sus promotores hayan diseñado su financiación a través del ahorro de recursos administrativos al simplificar las subvenciones sociales, y del aumento impositivo a las rentas más elevadas, el resto de objeciones son exclusivamente ideológicas, aunque no por ello deben obviarse.
No olvidemos que la economía tiene dos componentes, el matemático y el sociológico. El primero, por difícil que parezca, es sencillo de determinar. El segundo depende del mantenimiento o no de las diferencias sociales y la más o menos legitimidad de facilitar o no la prevalencia de una etnia o clase social sobre las demás.

Uno de los principios básicos de la RBU es posibilitar que las personas puedan desarrollar sus capacidades y/o sueños, sin depender de una necesidad económica. Un ejemplo es el voluntariado, que ciertas personas se sienten obligadas a desarrollar como seres humanos, y que sin una entrada de dinero segura que garantice su manutención no podrían llevar a cabo. Otro es poder desarrollar la creatividad de un individuo, que a buen seguro serviría para enriquecer a la sociedad en su conjunto, pero sin beneficio propio.

Por supuesto, en un mundo futuro, en que la robótica podría terminar supliendo gran parte del trabajo humano, las posibilidades de desarrollar las capacidades y/o sueños de las personas son muy grandes, por no decir infinitas. Sin embargo, conseguir que la robótica termine apartando el trabajo del ser humano en su modo económico, no solo parece lejano sino que la experiencia ha demostrado lo contrario. Las sociedades robóticamente más desarrolladas, paradójicamente son las que demandan más fuerza laboral, mientras que las menos desarrolladas son las que sufren más desempleo. Y eso, aparte de ser fácil de explicar, desmonta la teoría contraria. Y también para que una sociedad consiga la Libertad Real, es decir la soñada por los principales promotores de la RBU, todos los individuos han de ser propietarios de una porción de los recursos naturales disponibles, y recibirla en forma de dinero en la cantidad necesaria, muy elevada en nuestra sociedad.

Pero volvamos a lo que importa, su financiación y sus beneficiarios.
En principio quienes la financian son los más ricos. En España y de manera progresiva, según algunos de sus promotores, serían los contribuyentes con rentas a partir de los sesenta mil euros brutos. Esos contribuyentes se verían compensados parcialmente o totalmente por la RBU, que además no sería contributiva, por lo cual su aportación sería muy pequeña o inexistente. Eso quizá podría dar paso a la primera injusticia, porque imaginen ustedes que su renta es de cincuenta y nueve mil novecientos euros, por lo cual usted no debería pagar nada, pero si gana sesenta mil si, seguramente habrá de pagar unos miles, porque sino las cuentas no salen. En caso de ponerla en práctica, probablemente los expertos de Hacienda lo resolverían con las correcciones oportunas. El segundo problema es que en España sesenta mil euros brutos no son mucho. El salario neto final varía entre los cuarenta y un mil cuatrocientos y los cuarenta y dos mil cuatrocientos, dependiendo de la unidad familiar, cuyo número es importante para recuperar más o menos dinero a través de la misma RBU. Es decir, que los contribuyentes con una renta de sesenta mil euros brutos, en el mejor de los casos apenas notarían cambios en su economía, mientras que en el peor saldrían perjudicados (el alquiler o la hipoteca son parecidos para una unidad familiar de uno o de cuatro miembros, así como muchos otros gastos). En principio y según el cálculo de sus promotores, de los cuales no tenemos ninguna razón de dudar sino al contrario, el 15% de los contribuyentes pagarían desde un poco a bastante, mientras que el 2% mucho. Hemos de entender que con el actual sistema fiscal español, seguramente el más injusto de Europa, este 2% apenas paga impuestos, mientras que el anterior 15% paga menos de lo que debería.
El segundo sistema de financiación es a través de la simplificación burocrática y la paulatina reducción de costes laborales, – paulatina porque a los funcionarios no se les puede echar – debido a que el sistema prevé la eliminación de la totalidad de las ayudas sociales que actualmente reparte el Estado, (hemos contado 79 como base) que son innumerables y de una variedad tan grande y compleja, que su coste burocrático es enorme. Eso solo sobre el papel, porque fuera de las ayudas a las familias en general, es decir ayudas por hijo a cargo, por madre soltera y por familia numerosa, que automáticamente quedarían absorbidas por la RBU y son las más sencillas de gestionar, el resto sería muy difícil de retirar, porque se crearía un colapso gigantesco, primero en los ayuntamientos y después en el resto de consejerías y estamentos estatales. Pretender retirar las ayudas de dependencia, de invalidez, de soporte a las personas mayores, de comedor, etc. porque ya se recibe la RBU, sea inválida o no la persona, dependiente, etc. elimina de por si su cometido, que es facilitar la libertad y la igualdad. Es decir, con la RBU recibe la misma ayuda el niño mal alimentado que el bien alimentado, el anciano sin protección que el protegido, el desahuciado y el que no, etc.
Hace años el sr. Antoni Castells, exconseller de economía de la Generalitat, valoró que, en el mejor de los casos y con una administración eficiente, cada euro entregado por prestación tiene un coste administrativo de otro euro. Y dejando de lado que esta cifra es bastante optimista, porque la administración catalana se caracteriza por su ineficiencia, agravada en muchos casos por la administración municipal y el enchufismo característico de esta, eso solo demuestra que la administración catalana, y la española en general, arrastran unos defectos de organización muy elevados. Actualmente muchas prestaciones podrían entregarse sin casi mediar esfuerzo laboral. Un buen sistema informático, con un poderoso y eficiente cruce de datos, sería suficiente; que en el fondo es lo que cualquier trabajador social desea, precisamente para dejar de lado el tedioso trabajo policial/administrativo, para dedicarse por entero al social.

Por otro lado y en un país como España, con sus características urbanísticas y una legislación que lo facilita, introducir la RBU haría que subieran los alquileres de las viviendas y su precio de venta, ya que aumentaría la demanda al facilitar la independencia de los más jóvenes. Y por supuesto que no sería una mala idea, ya que es una de las cosas que busca la RBU, pero habría que regular el precio de la vivienda en ambas facetas, el del alquiler y el de la venta.