Interinos y legislación Europea (Comunicado de prensa de ASIJ)

Siguiendo con nuestro compromiso de luchar por la estabilidad laboral en el ámbito de la administración de Justicia y de reducir al máximo la precariedad en el empleo público y el abuso que hace la administración española de los contratos temporales; desde ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA hemos presentado una nueva denuncia ante la Comisión Europea; denuncia que ya ha sido admitida por la Comisión.

Llevamos tiempo manifestando que la desigualdad, aún tratándose de la administración pública, tiene nombre de mujer y un evidente sesgo de género. Y no sólo a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, si no también cuando se trata de estabilizar el empleo.
Es notorio desde hace algún tiempo, que la administración pública del Estado, las CCAA autónomas y ministerios como el de Justicia, han estado usando contratos temporales y de interinaje para cubrir sus necesidades estructurales, vulnerando así la normativa europea y colocando a sus plantillas de funcionarios en una situación de vulnerabilidad que sólo ha beneficiado al empleador. Esta situación de precariedad no afecta a todos por igual.
Lejos de encontrarnos en paridad, el abuso en la contratación temporal dentro de la administración afecta mayoritariamente a las mujeres. Más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres; mujeres que en su mayoría no viven solas. Mujeres que en su mayoría tienen cargas familiares y son el sustento de familias monoparentales.

ASIJ ya denunció en su momento esta situación y vuelve a hacerlo ante la preocupante deriva que tienen las soluciones que parece planear el ministerio de función pública para reducir la tasa de temporalidad en sus plantillas. Las recientes manifestaciones del secretario de estado Victor Francos sugieren, que en connivencia con los sindicatos de siempre, cómplices y culpables de la actual situación; la solución que se plantea para reducir la temporalidad en el empleo público son más procesos selectivos. Procesos que como está denunciando ASIJ no solo vulneran el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública; también y para no perder las buenas costumbres del estado, vulneran la normativa europea. En este caso además de la conocida directiva 1999/70 CE, estos procesos selectivos van en contra de la directiva 2006/54 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de Julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; ya que aunque disponen unos criterios de selección aparentemente neutros, sitúan a las mujeres contratadas en precario en los cuerpos generales y especiales que integran la administración de justicia en una desventaja respecto a sus compañeros del género masculino.

ASIJ ha invocado ante la comisión europea los estudios de EUROSTATS, en concreto el “How is the time of women and men distributed in Europe” y el informe del Instituto Nacional de Estadística “Mujeres y hombres en España 2018”. Ambos demuestran la manifiesta desigualdad a la que se enfrentan las mujeres interinas en España a la hora de disponer de tiempo libre para estudiar y preparar esos procesos selectivos y esto no es una afirmación gratuita. La cantidad de tiempo disponible para dedicar al estudio es determinante a la hora de preparar un proceso selectivo y más uno como el diseñado para acceder a justicia, que es primordialmente memorístico. Estos procesos están configurados para favorecer al que dedica más tiempo al estudio, por lo que a menos tiempo disponible para memorizar, menos posibilidades de superar el proceso y por tanto de consolidar la plaza que se está ocupando y estabilizar la situación laboral. Si fuéramos mal pensados podríamos llegar a la conclusión de que al Estado le molestan las mujeres con cargas familiares y lo que pretende es sacárselas de encima poniéndoles trabas a la hora de acceder a la estabilización.

El ministerio de función pública y la administración en general olvidan que los/las trabajadoras/es temporales no tienen que superar procesos de acceso a la función pública, porque ya los han superado para poder desarrollar su labor; lo que ahora les toca es estabilizar ese acceso y terminar con la precarización que sufren.

ASIJ ha presentado, junto con la denuncia a la comisión europea, una solicitud al Instituto Europeo de Igualdad para que se realice una tarea de recopilación, análisis y difusión de información e investigación sobre la igualdad de género en el ámbito de los procesos selectivos. Solicitando que mientras esta situación de discriminación no desaparezca, se retengan los fondos Europeos del programa de recuperación y resiliencia destinados a nuestra administración. Así como el control de las inversiones Europeas en España que deben servir para minimizar el impacto de la barrera de género; hemos pedido que si no se arregla y controla esta situación no se produzca la tan esperada “lluvia de millones”.

¡JUNTOS POR TU DERECHO DE EQUIPARACIÓN!

Josep Jover i Padró es un abogado especializado en propiedad intelectual y derechos de autor, y gestor de conflictos. Es director del bufete «Estudis Jurídics».